El decreto presidencial anula las posibilidades de los agentes de realizar tareas de inteligencia interna y colaboración judicial.
El Gobierno oficializó por decreto la decisión que anula las facultades de los espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de realizar escuchas, tareas de investigación a pedido de los jueces y participar de operativos represivos o cumplir tareas políticas.
De este modo y desde el viernes, la AFI sólo podrá investigar temas de terrorismo y acciones que pongan en riesgo el “orden constitucional”.
El DNU fue firmado por el presidente Alberto Fernández durante el miércoles, tras haberlo anunciado en su discurso del domingo en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. El mismo fue publicado hoy junto al decreto que “desclasifica” la información que la ex SIDE sobre la causa AMIA.
“No corresponde que hagan esas tareas. Ninguna agencia de inteligencia del mundo se pone a investigar, por orden de un juez, delitos comunes”, manifestaron desde Casa Rosada.
La medida definió que el organismo no podrá realizar “tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal”.
A su vez, modificó la ley 25.520, que había establecido una “excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales”.
